Sociedad de la información y prestación de servicios: obligaciones legales a cumplir

Sociedad de la información y prestación de servicios: obligaciones legales a cumplir

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La extraordinaria expansión de internet como medio a través del cual transmitir e intercambiar todo tipo de información ha propiciado innumerables ventajas, tanto a la sociedad en general como al tejido empresarial en particular. Sin embargo, esta nueva realidad conocida como Sociedad de la Información, también ha hecho necesaria la creación de “un marco jurídico adecuado, que genere en todos los actores intervinientes la confianza necesaria para el empleo de este nuevo medio”. Es así como en España se llegó a la aprobación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, a la que quedan sujetas todas las actividades económicas (salvo un par de excepciones que veremos a continuación) que se efectúan haciendo uso de internet o de otros medios telemáticos como pueden ser el correo electrónico, la televisión digital interactiva o aplicaciones móviles, entre otros.

En caso de recibir una notificación o requerimiento por parte de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la información, pidiendo la identificación de la persona o empresa que gestiona un sitio web, no dude en consultar con un abogado especializado en la materia para que le pueda asesorar. En este caso Abogados Portaley es especialista en la materia.

Quiénes están sujetos a la ley de servicios de la sociedad de la información

Comenzaremos señalando quiénes quedan sujetos a esta de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico:

  • Aquellas actividades económicas de prestación de servicios de la sociedad de la información cuya gestión y dirección esté centralizada en España.
  • Actividades que posean al menos un establecimiento permanente en territorio español desde el que se dirige la prestación de servicios.
  • Los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuyos servidores se encuentren ubicados en otros países, siempre y cuando las decisiones sobre los servicios y los contenidos ofrecidos sean tomadas desde España.
  • Aquellos prestadores de servicios de la sociedad de la información que, aún estando ubicados en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, preste sus servicios a destinatarios ubicados en España, bajo la condición adicional de que tales servicios se enmarquen en alguna de las siguientes materias (art. 3):
    • Derechos de propiedad intelectual o industrial.
    • Emisión de publicidad por instituciones de inversión colectiva.
    • Actividad de seguro directo realizada en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios.
    • Obligaciones nacidas de los contratos celebrados por personas físicas que tengan la condición de consumidores.
    • Régimen de elección por las partes contratantes de la legislación aplicable a su contrato.
    • Licitud de las comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente no solicitadas.

Actividades económicas excluidas a la ley de servicios de la sociedad de la información

Toda prestación de servicios de la sociedad de la información de todas las actividades económicas están sujetas a la ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, salvo dos únicas excepciones que se rigen por sus respectivas normas específicas, y que son recogidas por el artículo cinco:

  • Los servicios prestados por notarios y registradores de la propiedad y mercantiles en el ejercicio de sus respectivas funciones públicas.
  • Los servicios prestados por abogados y procuradores en el ejercicio de sus funciones de representación y defensa en juicio.

¿Existen restricciones a la prestación de servicios de la sociedad de la información?

Aunque el régimen de libre prestación de servicios es la norma fundamental y básica por la cual se rige la prestación de servicios de la sociedad de la información, lo cierto es que, efectivamente, existen ciertas restricciones.

Por norma general, cualquier prestador de servicios establecido en alguno de los países miembro de la Unión Europea podrá llevar a cabo su actividad sin precisar de autorización previa alguna y “sin que pueda establecerse ningún tipo de restricciones a los mismos” (artículo 7).

Pero como decíamos, existen varias restricciones a la prestación de servicios de la sociedad de la información que son, además de las recogidas por el artículo tercero y que ya hemos indicado al comienzo, todas aquellas actuaciones en las que el servicio prestado “atente o pueda atentar” contra alguno de los siguientes principios:

  • La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional.
  • La protección de la salud pública o de las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como inversores.
  • El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, y
  • La protección de la juventud y de la infancia.
  • La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

En caso de que se de alguna de las circunstancias anteriores, “los órganos competentes para su protección, en ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas, podrán adoptar las medidas necesarias [a través de requerimiento y/o notificación] para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran”. (art. 8). Y en caso de que sea necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación para ello, éstos también tendrán el deber de colaborar.

Información a los usuarios

Los prestadores de servicios de la sociedad de la información  deben poner a disposición de los usuarios y de los órganos competentes “los medios que permitan (…) acceder por medios electrónicos, de forma permanente, fácil, directa y gratuita” a su información básica. Dicha información, tal y como estipula el artículo 10 de la ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, incluirá, entre otros datos:

  • “Su nombre o denominación social; su residencia o domicilio o, en su defecto, la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en España; su dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita establecer con él una comunicación directa y efectiva”.
  • “Los datos de su inscripción en el Registro Mercantil en el que, en su caso, se encuentren inscritos o de aquel otro registro público en el que lo estuvieran para la adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos de publicidad.”
  • En los casos en que su actividad económica así lo requiera, los datos relativos a su autorización administrativa.
  • El Número de Identificación Fiscal.
  • Los códigos de conducta a los que se haya adherido y una forma de que sean consultados por los usuarios.
  • Cuando se presten servicios derivados del ejercicio de una profesión regulada: datos del colegio profesional al que pertenece y número de colegiado, título académico o profesional y país de la UE que lo expidió u homologó, así como “las normas profesionales aplicables al ejercicio de su profesión y los medios a través de los cuales se puedan conocer, incluidos los electrónicos”.
  • “Cuando el servicio de la sociedad de la información haga referencia a precios, se facilitará información clara y exacta sobre el precio del producto o servicio, indicando si incluye o no los impuestos aplicables y, en su caso, sobre los gastos de envío”.
  • Cuando se trate de números de teléfono de tarificación adicional o se haga uso de programas/servicios de marcación: características del servicio, funciones de los programas informáticos que se descarguen, procedimiento para dar fin a la conexión de tarificación adicional, etcétera.

La información anterior “deberá estar disponible de manera claramente visible e identificable”, bien en la propia página de inicio o “Home” del prestador de servicios, bien en cualquier otra página a la que “se pueda acceder a través de un enlace claramente visible, cuyo título aluda de forma inequívoca a la información de que se trate”. Un claro ejemplo de ello sería la pestaña “Quiénes somos” o “About me”, frecuente en multitud de páginas web y que, de incluir la información necesaria, “la obligación de facilitar esta información se dará por cumplida”.

 

En caso de recibir una notificación o requerimiento por parte de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la información, pidiendo la identificación de la persona o empresa que gestiona un sitio web, no dude en consultar con un abogado especializado en la materia para que le pueda asesorar. En este caso Abogados Portaley es especialista en la materia.


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